Diputados propusieron regresar las APIs a la federación y eliminar las recién creadas “Asiponas” en una iniciativa que deroga y reforma unos 43 artículos de la Ley de Puertos.
El diputado Bruno Blancas Mercado del partido oficial, argumentó que la falta de interés en las administraciones pasadas tuvieron repercusiones negativas al desarrollo portuario del país gracias a legisladores a favor de cúpulas de poder “al día de hoy”.
“Es necesario que el Estado retome lo que al pueblo le corresponde, lo administre y distribuya de modo en que los beneficios sean para todos. Esto es posible al entregar la administración de los puertos a la Secretaría de Marina”, advierte el documento.
Además, culpó la desmantelación de sindicatos portuarios en 1991 para obtener acceso ilimitado a actividades productivas y permitir a la Iniciativa Privada adentrarse en los servicios.
Esto, a pesar de que el modelo administrativo de las APIs que fue el esquema más exitoso de concesionamiento portuario en Latinoamérica e incluso aún se encuentra entre los mejores del mundo.
“El modelo creciente de privatización atasca el crecimiento, desregula el comercio e imposibilita el desarrollo por la marcada aglomeración de capital privado que las empresas capturan como mera ganancia”, acusa.
El diputado de la LXV Legislatura pretende seguir con el plan de Andrés Manuel López Obrador de nacionalizar los servicios privados a públicos, como es el caso de las ASIPONAS.
Su objetivo también es frenar las concesiones portuarias y dejar el control a la Secretaría de Marina (Semar). Con ello, desaparecerían los derechos basados en los compromisos del gobierno asumidos a partir de las concesiones, permisos y contratos otorgados a los operadores portuarios, Normas Oficiales Mexicanas y Reglas de Operación de los recintos.
Con estudios concluidos a nivel medio superior, Mercado pretende realizar un cambio en los modelos de inversión acorde al gobierno actual, de la mano de políticas que reduzcan vulnerabilidades financieras, que taje a la Iniciativa Privada y aumente el control portuario por parte de la Semar.
De aprobarse, los principales puertos estatales que regresarían a la Federación son Campeche, Baja California, Tabasco, Huatulco y Cozumel, este último que representa ingresos significativos para el gobierno de Quintana Roo, debido a las operaciones de cruceros, cabotaje y ferrys.