El gobierno amplió las facultades de la Guardia Nacional para inspeccionar, sancionar y retirar vehículos en carreteras federales, una medida que organizaciones de transportistas criticaron al advertir posibles abusos de autoridad y actos de corrupción.
La reforma, firmada por Claudia Sheinbaum y publicada el 25 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), modifica más de 100 disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.
La nueva normativa permite a la Guardia Nacional solicitar documentación del autotransporte federal, realizar inspecciones físico-mecánicas, aplicar pruebas para detectar consumo de alcohol o sustancias psicoactivas e imponer sanciones por incumplimientos a la legislación vigente.
La corporación también podrá ordenar el retiro de unidades consideradas de riesgo para la seguridad vial, verificar la legal estancia de vehículos en el país y remitir casos a autoridades aduaneras cuando detecte irregularidades.
Asimismo, sus indicaciones prevalecerán sobre señales de tránsito y otras disposiciones de circulación en carreteras federales.
Nuevas facultades en carreteras
La negativa a acatar instrucciones de la autoridad podrá derivar en multas equivalentes a entre 40 y 50 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), o entre 4,692 y 5,865 pesos con base en los valores vigentes para 2026.
Los adeudos podrán ser remitidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para su cobro mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución.
Organizaciones de transportistas cuestionaron la medida al considerar que las nuevas atribuciones abrirán espacios para actos discrecionales durante las revisiones en carretera.
“La reforma servirá como un pretexto para la corrupción de la Guardia Nacional”, dijo Rafael Ortiz, dirigente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).
Sector cuestiona cambios
Las críticas surgen en un contexto de reclamos del sector por los niveles de inseguridad en carreteras federales, donde el robo al autotransporte de carga continúa entre las principales preocupaciones de operadores y empresas de autotransporte de todos los tamaños.
Por separado, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) expresó su rechazo a los cambios y pidió reforzar las estrategias de combate al robo al autotransporte y la vigilancia en tramos carreteros de alto riesgo.
El decreto establece un plazo de 180 días para que la Secretaría de la Defensa Nacional emita los formatos oficiales de infracciones, amonestaciones y demás documentos derivados de la nueva regulación.
Por Daniel Zurita / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
